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Artículos de interés redactados por integrantes del estudio.

NUEVO SISTEMA DE LIBRETA UNICA Y POR PUNTOS

Nuestro sistema administrativo y jurídico en lo que al derecho del tránsito tiene que ver, se encuentra bastante atrasado con respecto a los sistemas avanzados de países desarrollados.

Así vemos que cuando se ha impuesto una multa por un inspector de tránsito, por policía de tránsito o caminera o bien por inspectores del propio departamento fiscalizador del ministerio de Transporte y Obras Públicas y el usuario encuentra que han sido impuestas contra sus derechos solo tiene la vía de una nota de reconsideración que es tomada como recurso administrativo y a veces es contestada y a veces no.

Nunca se informa a la persona que dicha nota no es una mera reconsideración si no en si misma un recurso administrativo y que por ende debió ser instrumentado por un abogado con los pertinentes agravios y fundamentos fácticos y jurídicos.

Siguiendo con el sistema de impugnación de multas actual, una vez resuelto este recurso administrativo cabe si es del caso el jerárquico ante el órgano superior y si se agota en si mismo queda finalizada la denominada vía administrativa y de ahí en más se abre la vía judicial.

Sin duda cuando se recurre a la vía judicial esto es ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es porque se ha mantenido “firme” la imposición de la multa.

A partir de aquí viene la demanda de anulación ante el órgano judicial, que necesariamente debe ser instrumentada por un abogado y requiere la firma letrada.

Luego de la Sentencia de Primera Instancia lo que puede insumir un par de años mas otro del primer recurso, sale el fallo, que puede ser apelado por cualquiera de las dos partes, el sujeto que fue pasible de la multa o el propio órgano que la impuso.

En tal caso es estudiado el expediente por el órgano de alzada lo que conlleva prácticamente de 6 meses a un año más y ahí recién se obtiene la decisión final sobre aquella imposición de multa que fue impuesta años atrás. Y por si fuere poco luego de todo esto puede quedar firme la multa y debe entonces abonarse aunque años más tarde.

Y esto siempre y cuando no se obligue al pago inmediato con el sistema “pague ahora y después reclame”.

Como se ve un sistema anacrónico para determinar la legalidad judicial de una multa.

Con el sistema de libreta por la instrumentación de multas, vemos que el conductor queda a merced de la buena voluntad del inspector de tránsito, que adquiere ribetes de importancia inusitados

En efecto el mismo es quien decide en el momento si queda la multa impuesta o no, con la adversidad de que siendo libreta por puntos y de quedar con pocos puntos el usuario puede quedar sin libreta y mientras demora el sistema judicial años en decidir sobre el tema no puede manejar y a veces trabajar.

Lamentablemente esto en la práctica puede prestarse a corrupción, ya que posiblemente el usuario desesperado ofrezca al inspector un pago de dinero para conservar su licencia y poder seguir trabajando, lo que termina desmereciendo el sistema y perdiendo toda garantía.

¿Y CUÁL ES LA SOLUCIÓN ENTONCES?

La UNASEV trabajando con el sistema judicial, debe buscar solución al problema, y para ello deben instrumentarse previo a la libreta única y por puntos juzgados especializados de tránsito para no recargar a los de faltas.

Estos juzgados operan en dos instancias, la primera estilo norteamericano, al momento de impartirse la multa se notifica que puede presentarse ante el juzgado de infracciones de tránsito al día (siguiente por ejemplo) a X hora y allí estará el inspector y podrá ir quien fue multado exponiendo sumariamente los hechos y prueba circunstancial (testigos etc.) y el juez de infracciones de tránsito dejará firme la multa o morigerara o la retirará sin perjuicio que cualquiera de las dos partes puedan apelar por el derecho común.

De esta forma emulando a un grande como es Estados Unidos, brindaremos una garantía al usuario y víctima de una infracción de tránsito.

Por último es sustancial que el producido de las multas no vaya a las arcas de quienes impusieron la multa y que luego indirectamente cobran una cuota proporcional a las multas impuestas.

El producido deberá ir a los fondos de la UNASEV a EFECTOS DE SOLVENTAR UN FONDO ESPECIAL PARA VICTIMAS DE ACCIDENTES complementario a los de las aseguradoras, como ser quienes fueron embestidos por un carro con caballos, o cayeron por mal estado de la vereda, o han sido víctimas de la caída de un árbol, rama o columna etc. todo lo que no fue contemplado por la ley 18.412

Dr. Eduardo Sáez

LA MAYOR EXPERIENCIA Y ANTIGUEDAD EN ACCIDENTOLOGIA

El Estudio Accidentologico-Victimologico Dr. E. Sáez y asociados es un estudio que tiene la virtud de ser en nuestro medio el de mayor antigüedad.

El mismo fue fundado como es consabido en abril de 1986, y desde entonces su interés y dedicación se vertieron al denominado derecho de tránsito.

A lo largo de tan extensa trayectoria, que ha sobrepasado en sus archivos más de mil asuntos, además de los de trámite, se han visto prácticamente todo tipo de cosas.

El empirismo de que nos ha nutrido la práctica conociendo situaciones, personas, carácter y variantes de las mismos, jueces, ministros, peritos de todas las especialidades, médicos, profesores, integrantes de aseguradoras, ingenieros etc. etc. son un patrimonio que solo se forma con años de ejercicio.

Es así que vemos con cierta alarma estudios que se catalogan como especialistas en –accidentes de tránsito- y a continuación refieren reclamos laborales, despidos, divorcios, tenencias, pensiones alimenticias, cobro de cheques, sucesiones, recursos administrativos etc. Y esto quita seriedad a la hora de la víctima buscar solvencia de conocimiento específico.

Transitando desde 1986 entre lesionados, amputados, familias que han perdido seres queridos; es un capital adquirido y aplicado a enfrentar a la contraparte, normalmente aseguradoras que en este sentido van en desigual batalla con el presente estudio ya que hasta donde vemos no cuentan con especialistas accidentologos con treinta años de ejercicio, treinta años no solo detrás de un escritorio, sino escribiendo libros, notas periodísticas, desenvolviéndonos en los tribunales y cuando no al ser llamados en visitas a internados en sanatorios, reuniéndonos con médicos y sacando siempre información.

A lo expresado añadimos que permanentemente intervenimos en actividades académicas en Uruguay y exterior, sea como expositores o participes, y de esta forma integramos jurisprudencia extranjera y doctrina ya que el Uruguay cuenta con escaso material técnico en tal sentido ni tiene una justicia, como quisiéramos, especializada en tránsito.

El abogado accidentologo victimologo, cuando lo es realmente, carga con un enorme peso de angustia ajena y es siempre el primer referente entre el reclamo de la víctima y el sistema judicial que suele ser muy regular y lento.

Esto conlleva a que el mismo, como en nuestro caso, deba tener conocimiento de psicología, psiquiatría, medicina, mucho de traumatología, neurología, cirugía, oftalmología y otorrino, física e ingeniería, mecánica y biomecánica etc. en diferentes grados.

La mayor parte aprendida en casos prácticos y estudios con profesionales médicos, ingenieros, etc. además de cursos y congresos.

Esto nos llevó a escribir tres libros sobre accidentes de tránsito dirigidos a jueces y abogados que deseen ir formándose, pero como digo en cada caso siempre hay algo más para aprender del daño, del juez, del sistema, de la víctima, de la mecánica etc. siempre seguimos enriqueciéndonos en conocimiento.

Por todo lo dicho es importante que se sepa que el estudio que tengo el honor de haber fundado en 1986 es el de mayor antigüedad y real empirismo en accidentologia, victimologia y derecho de tránsito, lo que tiene gran importancia a la hora de la víctima confiar su caso, que para cada uno es único.

EL COMERCIO DE LAS MULTAS DE TRANSITO Y EL DOLOR DE LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES

El Estudio Accidentológico-victimológico que tengo el orgullo de presidir y haber fundado en el año 1986 tiene desde entonces un punto de relevancia y distinción tal vez “de mode” con los tiempos modernos.

En aquellos primeros años no era tan común los reclamos por lesiones o fallecimientos en accidentes, y normalmente cuando se hacían era a través de abogados que ejercían diferentes materias no habiendo especialización en el derecho de tránsito y accidentología.

Y por 1991 se produce una explosión y se multiplican cada vez más los reclamos, coincidiendo con el ingreso al mercado automotriz de gran cantidad de vehículos por el novedoso sistema de “escuderías”, esto es, se compraba el vehículo a pura cuota y se sorteaban dos por mes que podían corresponder tanto al que recién pagaba la primera cuota como el que hacía años estaba pagando. También se licitaban varios vehículos mensuales, o sea se abrían ofertas cerradas de adelanto de cuotas. Todo ello invadió el mercado automotriz y las calles y nuevos conductores y se multiplicaron los accidentes.

> En la actualidad los accidentes ya superan la ficción, y es anormal para nuestro país la relación entre siniestros con la cantidad de habitantes, conductores y vehículos.

Muy humildemente encontramos que desde hace tanto años se implemento la llamada UNASEV –Unidad Nacional de Seguridad Vial- dependiente del Poder Ejecutivo; que muy poco ha hecho para palear la gran cantidad de accidentes más que aparecer en los medios dando soluciones hipotéticas y siempre actuando y efectivizando su accionar desde el ataque al alcohol (que está muy bien) pero como se dijo en nota anterior es desproporcionado con el derecho de tránsito comparado que oscila entre 0,5 y 1 gramo de alcohol por litro de sangre, mientras que en Uruguay se ha puesto 0,3 que consideramos fuera de lugar y que puede tener que ver con el efecto de recaudar, no olvidemos que quien impone la multa es Juez y parte ya que aún indirectamente a través de lo que luego vierte el SUCIVE (Ley 18.860) a su intendencia, el inspector recibe una cuota parte del producido de esa multa.

Ello es grave, ya que el órgano que debe decidir en primera instancia sobre el aspecto administrativo de la multa debe ser -imparcial-.

No es práctico pretender que el presunto infractor debe luego de ser multado presentar recurso administrativo, y después eventualmente ir a dos instancias judiciales que insumen promedialmente tres años o más y que aunque anulen la multa que la intendencia le obliga a pagar, pues lo presume culpable, habrá gastado en tributos judiciales y abogados veinte a cuarenta veces más, sí, veinte a cuarenta veces más de lo que le costaría pagar la multa; motivo por el cual se opta por no hacer justicia y reclamar en vía judicial la anulación, sino que es más práctico pagar, sea o no justa la multa.

Desde siempre sostuvimos que el paliativo no es la multa sino la educación curricular y se nos respondía “Eso lleva 10 o 20 años para que surta efecto”.

En 1990 entregamos en manos propias al Dr. Julio Sanguinetti una serie de medidas para el tránsito, que en primer lugar establecía educación y reeducación; se puede leer en el artículo publicado por el diario El País (subido a esta página).

Ergo ya pasaron 23 años y todo empeora ¿Qué hacer ante esta somnolencia gubernamental?

> El otro tema muy grave que atañe el accidente de tránsito, es desde 1991 como dijimos en adelante las redes de abogados que se encuentran conectados con Policía y centros hospitalarios (obvio funcionarios anónimos) y fue tema sobre el cual habló claramente el presidente del Colegio de Abogados del Uruguay en “El País Digital” en el primer semestre del año 2013 sin pelos en la lengua.

En efecto existen los denominados ahora “abogados caranchos” que suelen estar atentos a través de información brindada por Policía, centros hospitalarios y hasta casas velatorias, de la existencia de víctimas de accidente o fallecidos.

De esta forma abordan a las víctimas con un encantamiento tan particular que logran firmen documentos para así reclamar los daños y perjuicios y cobrar sus honorarios.

Pues desde nuestra particular y tal vez anticuada forma de ver, no se respeta el libre albedrio y no da chance alguna a la víctima o familiares de consultar con abogados especializados realmente en accidentología y victimología y no meros comerciantes.

Véase que ingresan tanta cantidad de casos dado el volumen de siniestros que están ocurriendo, que estos abogados optan por “liquidar” rápidamente el caso aceptando ofertas a veces irrisorias ya que para ellos lo importante es cobrar y seguir con otro caso, pues los casos se “apilan”.

No es frecuente que estos abogados o estudios se embarquen en juicios de cuatro o cinco años para obtener los mejores resultados para su cliente, porque les resulta anti económico por la gran cantidad de siniestros. Por ello es que creemos hacen del accidente un comercio.

Lamentable también la actitud de solo cobrar por el seguro obligatorio y no hacer el juicio por el saldo; lo que nunca le es advertido al incauto cliente víctima sin ingresar en el disparate de los trámites por gestores o particulares que desconocen totalmente los parámetros técnicos y jurídicos del seguro obligatorio; aceptando “lo que venga” cuando el tema es muy complejo con diferentes formas de liquidación.

> En segundo lugar, provenimos como continuación de un estudio Jurídico y Escribanía que fuera fundado en 1870 en la Ciudad de Mercedes por el Escribano Francisco Sáez (que luego no ejerciera por ser nombrado en el gobierno del presidente Claudio Williman como “escribano de gobierno”) y su socio Dr. Sánchez cuñado del presidente Idiarte Borda.

Y allí comienzan los valores que se van transmitiendo por generaciones y cuando renacemos a la actividad jurídica entendemos como algo intolerable y contario a la moral que un abogado por sí o por sus esbirros recorra hospitales o casas velatorias en busca de clientes.

De igual modo nos resistimos a aceptar que existan redes organizadas con policías, recepcionistas de hospitales o funcionarios de casas velatorias que brinden información a estas redes para que luego estos “aborden a sus víctimas clientes”.

Este junto con el estudio de la accidentología y victimología y la primordialidad que se da al cliente para quien se pretende obtener lo máximo en su desgracia son el gran capital que tiene este estudio.

No está en el espíritu de este estudio operar de otra forma aunque ello produjera, como produce, exorbitantes ganancias provenientes del dolor humano.

Antes cerraríamos nuestras puertas; pero repetimos, tal vez somos nosotros que vivimos en otro tiempo y no podemos juzgar lo que hacen los demás sino simplemente emitir nuestra opinión y la antítesis con nuestras políticas.

Cuidado porque lo dicho no obsta a que casos aislados y no regulares y menos con un pago de contraprestación, seamos recomendados no solo por clientes, sino por médicos allegados a nuestro historial y hasta abogados que desconocedores del tema han subcontratado nuestros servicios.

De esta forma creemos haber dejado claro el comercio del dolor y nuestras discrepancias, así como la problemática con la obligatoriedad de pago de multas de tránsito que se consideran injustas.

Dr. Eduardo Sáez

CONSECUENCIAS NO PREVISTAS POR LA LEY DEL ALCOHOL EN SANGRE

En efecto la Ley 16.585 en su artículo 24 estableció ab initio un máximo permitido de alcohol en sangre de 8 decigramos por litro de sangre, esto es 0,8.

Hasta aquí creemos tolerable y aceptable sin perjuicio igualmente de las consecuencias impensadas adversas para los involucrados que luego veremos.

Posteriormente dicho tope máximo de alcohol se bajó al 0,3; un tope que no hemos visto en Europa ni América.

En general hasta donde hemos investigado en ambos continentes los topes oscilan entre 0,5 y 0,8 lo que parece más realista.

Ahora bien sabemos en Uruguay cual es el máximo de alcohol aceptado y las consecuencias que el contravensor tiene, multa, retiro de libreta etc., pero el legislador no estuvo debidamente informado de otras consecuencias que a la postre no hacen viable dicho tope.

Las consecuencias que la Ley no muestra y en general salvo las empresas aseguradoras nadie suele ser informado y creemos tampoco los legisladores a la hora de sancionar la Ley, son muy serias no solo para el que ha violado la normativa, sino que lo peor es para las víctimas en un accidente.

Así en primer lugar diremos, el 0,3 significa que posiblemente una persona no pueda ingerir alcohol al medio día, ya que si pretende salir por la noche probablemente tenga aun residuos de alcohol no eliminados y en caso de accidente será injustamente sancionado, lo que le apareja además que habiendo sido buen padre de familia y tenido su seguro al día con sus pagos puntuales perderá toda cobertura del mismo debiendo afrontar con su peculio y patrimonio gastos reparaciones e incluso una demanda civil de las víctimas.

Pero veamos que ocurre con las víctimas de un accidente de tránsito?; accidentes simples o con fallecidos.

Cuando el victimario culpable del siniestro causa lesiones o incluso ocasiona el fallecimiento de la o las victimas normalmente se entabla un juicio por daños y perjuicios, y el mismo acude de inmediato a su compañía de seguros que se hace cargo de la defensa y luego del pago que recaiga por sentencia o por transacción a que puedan arribar.

En el caso de que el victimario se encuentra con 0,3 o más graduación alcohólica, automáticamente su seguro deja de brindar la cobertura.

Esto significa que las victimas deben iniciar juicio contra el mismo pretendiendo que al amparo del artículo 2372 del Código Civil el mismo haga frente a la sentencia y pague.

Pues lamentablemente nuestro empirismo nos indica que en estos casos difícilmente los abogados accidentologos o que sin serlo tengan conocimiento en el derecho de tránsito tomen el caso a resultado, esto es la clásica de modalidad de usted paga solamente si gana.

Así entonces que tal vez algún abogado tome el caso, pero pocas veces con la viabilidad de cobrar, ya que la duración de los litigios, de 3 a 6 años, promedio y normalmente en casos importantes el patrimonio si lo hubo de respaldo es fácil que desaparezca, y si se pretende entonces iniciar una acción pauliana, ya el litigio llevará prácticamente 10 a 12 años y sin seguridad alguna de realmente cobrar. Esto sin duda y con razón desanima a cualquier abogado con conocimientos básicos del derecho de tránsito.

Entonces la Ley que a simple vista para algunos luce maravillosa aunque la vemos calvinista; termina dejando desamparadas a las víctimas o sus herederos, y muchas veces familias que han perdido el padre de familia quedan sumidas en la miseria.

Como se ve el tema era bastante más complejo que como se ha tratado por los legisladores, y debió prestarse atención a las consecuencias de tal magnitud que no son colaterales sino directas y buscando una solución de amparo como ocurre en Estados Unidos por ejemplo; es más se encuentra a tiempo de hacerlo pero faltan impulsores y asesores.

A todo esto la Ley 18.412, sobre seguro obligatorio es un simple paliativo y de ninguna manera una excusa de que siempre la víctima es resarcida, ya que los montos en la Ley manejadas son más bien una dadiva, que igualmente es bienvenida ante el vacío y la nada que previamente existía.

De este modo hemos pretendido aportar e ilustrar al lector de nuestra página sobre problemas legales a los que nadie refiere y son en extremo graves; y que sin duda alguna benefician única y exclusivamente a las empresas aseguradoras que se encuentran colmadas de felicidad cada vez que no son obligadas al pago de una indemnización.

Dr. Eduardo Sáez